Colectivos Feministas demandan el efectivo cumplimiento de la Ley de interrupción voluntaria de los Embarazos
Diputados de la Comisión de Género de Legislatura recibieron a referentes de distintos colectivos feministas de la provincia quienes denunciaron diversas irregularidades en la aplicación de la ley 27.610 en hospitales públicos, particularmente en el interior jujeño, y la vulneración de los derechos de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente sus embarazos. Además de cuestionar las políticas de ajuste del gobierno nacional alertaron que sobre la falta de presupuestos para garantizar la atención de mujeres desde la administración provincial.
Las referentes de los colectivos, Socorristas en Red, Guardia Feminista, Católicas por el Derecho a Decidir, y la Colectiva Feminista de San Pedro, se hicieron presentes en el parlamento provincial para exponer ante diputados una serie de problemáticas que afectan particularmente a las mujeres de la zona del ramal que decidir acogerse a la ley 27.610 que contempla la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En la ocasión alertaron que en hospitales del sistema público de salud persisten vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos que ponen en riesgo la integridad de las mujeres.
Al reseñar las situaciones registradas en el interior, aludieron a la “realización de ecografías con exhibición de imágenes y latidos fetales a personas que solicitan una interrupción del embarazo, situaciones de maltrato en guardias médicas y situaciones de violencia obstétrica durante los controles posteriores al procedimiento de interrupción”.
“Necesitamos que nos escuchen porque estamos frente a situaciones de vulneración de derechos Sexual y reproductivo de las mujeres y niñas en el Ramal”, expresó Marta Paniagua, una de las voceras del colectivo quien destacó la predisposición de las agrupaciones para exponer irregularidades en hospitales públicos. En tal sentido, remarcó que las situaciones expuestas constituyen un, “mensaje para quienes trabajan aquí, necesitamos que se muevan un poco hacia otras localidades del interior porque también es necesario que esas voces sean escuchadas”. Aclararon que los colectivos, “son organizaciones que trabajamos voluntariamente y a pulmón, y como tales no somos escuchadas y por eso estamos aquí”.
Respecto de las situaciones padecidas por las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, detallaron, “las personas que solicitan una interrupción voluntaria de embarazos son objeto de maltrato cuando se presentan en una guardia médica, las violencias obstétricas que se ejercen sobre aquellas personas que se hacen una ecografía, el dolor como castigo, esos son hechos puntuales que queremos que sean escuchados”.
A partir de ello, afirmaron que, desde los diferentes colectivos feministas, “no vamos a permitir ni una sola violencia más sobre las mujeres de Jujuy que deciden abortar”. Recordaron además que, “hay una ley, la 27610, que garantiza el derecho a decidir de forma gratuita y voluntaria y a partir de ella no puede seguir habiendo ese tipo de violencias sobre las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria de los embarazos”.
Puntualizaron que dichas vulneraciones, “se dan en los hospitales públicos y consideramos que hay que respetar la decisión de las mujeres y acompañarlas en la toma de esa decisión y también pensamos que debe haber presupuestos acordes a la situación, es decir, que es necesario mayor presupuesto para insumos de anticoncepción, mayor presupuesto para que haya más médicos que garanticen el derecho legal, segura y acompañada.
En cuanto a la falta de financiamiento para la adecuada aplicación de la ley, expusieron que, a nivel nacional, “hay un gobierno que desfinanció en gran parte el sistema de provisión de medicamentos, particularmente la mifepristona, y le dejó a los gobiernos provinciales la responsabilidad de proveer de esa medicación, pero independientemente de eso el gobierno provincial debería tener un presupuesto y el ministro de Salud debe contar con un presupuesto a mantener y a la vez garantizar la aplicación de la ley 27.610”.
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