UPCN rechazó la Propuesta Salarial del Gobierno
El pasado viernes, en el marco de una reunión paritaria, el gobierno de la provincia presentó a la dirigencia de la Unión Personal Civil de la Nación (UCPN) una propuesta de recomposición salarial consistente en el pago de una suma de 10 mil pesos no remunerativos no bonificables. El ofrecimiento, que sería similar para todos los empleados de la administración pública, es rechazado por el gremio que demanda actualizaciones en blanco y ajustadas a los niveles de inflación.
Al respecto, el titular de UPCN Jujuy, Luís Cabana, reseñó que durante la convocatoria a paritarias se presentó una propuesta de recomposición de tan solo 10 mil pesos, no remunerativos y no bonificables, que, según expresó, resulta insuficiente y ajeno a la intención de los sindicatos de que toda recomposición de haberes sea en blanco de manera que impacte en todos los conceptos que conforman la grilla salarial.
“El gobierno hizo el ofrecimiento el viernes de la semana pasada cuando nos convocaron para decirnos que ofertaban solo 10 mil pesos para todos los trabajadores, hasta un techo para los salarios de bolsillo de 300 mil pesos, no remunerativos y no bonificables”, precisó el dirigente, quien afirmó que dicha propuesta no se ajusta a los requerimientos expuestos desde el gremio ante las autoridades en anteriores oportunidades.
En tal sentido, aclaró que desde UPCN “elevamos una propuesta que implicaba una recuperación del salario real, no de bolsillo”. A la vez, recordó durante el mes de junio se logró una recuperación del salario de bolsillo a través de una actualización de los pisos salariales que, para los empleados del escalafón general, implicó un incremento de 82 mil a 145 mil pesos. No obstante, reconoció que dicha actualización conllevo asimetrías en los ingresos teniendo en cuenta las características y responsabilidades laborales de los empleados públicos, particularmente de las categorías iniciales que fueron los más beneficiados.
A partir de ello, se planteó ante las autoridades el rechazo a toda actualización mediante sumas en “negro”. “Debemos cuidar la pirámide escalafonaria, y las sumas en negro genera inconvenientes a los aportes previsionales, no impactan en todos los adicionales que cobran los trabajadores, en la antigüedad, en la asistencia perfecta, y otros conceptos, por lo que planteamos que todos los ingresos deben ser en blanco”, subrayó, para luego acotar que desde ese espacio se brega por la regularización de todos los conceptos, incluidos los “grises” para recuperar los salarios básicos. A la vez, se requirió una actualización de haberes desde julio conforme a los indicadores mensuales de inflación.
A pesar de dichos planteos, que conllevarían a una real mejora de los ingresos, Cabana, con evidente malestar, dijo, “la única respuesta que recibimos es una suma de 10 mil pesos en negro para todo el mundo”.
“Estamos frente a una total falta de respeto hacia las organizaciones sindicales, que trabajamos seriamente en la recuperación de los salarios, porque no se toma en cuenta lo que presentamos para negociar y directamente toman una decisión unilateral”, expresó, acotando que durante la reunión las autoridades expusieron situaciones extraordinarias que transita el país para justificar el ofrecimiento.
Atento a ello, cuestionó las afirmaciones de las autoridades que, hasta antes de las elecciones PASO, afirmaban que la provincia gozaba de estabilidad económica, y que incluso registraba un superávit. “En mayo y junio nos decían que estábamos en una provincia absolutamente normalizada, con equilibrio fiscal, con superávit, y la verdad que resulta inadmisible que en unos cuantos meses se haya dilapidado todo ese equilibrio, por lo tanto, o nos mintieron, o hay otra situación de la que no estamos al tanto”, alertó.
Independientemente de dicha situación, Cabana, sostuvo que la negociación está abierta, no obstante, aclaró que prevé reunirse con dirigentes de otros sectores sindicales a los efectos de analizar la situación salarial de los estatales, por lo que no descartó medidas de fuerza en caso de que las autoridades mantengan su postura, contraria a los requerimientos de los empleados públicos.
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