Solicitan que la Carta Orgánica Municipal de la Capital no se adecue a la Reforma Constitucional
El pasado martes, referentes de la Multisectorial se presentaron en el Concejo deliberante de San Salvador de Jujuy con el propósito de hacer uso de la Banca 13, a la vez que solicitaron a los concejales que la carta orgánica municipal no se adecue al nuevo texto de la Constitución provincial. La presentación forma parte del plan de acción definido por sindicatos de trabajadores estatales, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y movimientos populares, que rechazan la reforma de la Constitución.
A pesar del rechazo generalizado de la población jujeña a la reforma que impulsó el gobernador Gerardo Morales, desde el oficialismo se insiste en que dicha actualización conllevará mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía y garantizará la institucionalidad. Frente a dicha postura, desde la Multisectorial se intensificaron las acciones en rechazo a la reforma. Por ello, el martes último delegados de agrupaciones sociales y sindicales se hicieron presentes en el deliberante capitalino con el objetivo de hacer uso de la Banca 13, y elevar un pedido para que la comuna no adecúe su carta orgánica al texto de la carta magna.
Voceros de los sindicatos alertaron que desde el departamento ejecutivo y el cuerpo de concejales de la UCR se pretende avanzar en la readecuación de la carta orgánica de capital a los parámetros de la nueva carta magna provincial. Con acuerdo a ello, se procuró un diálogo con el pleno de concejales de la capital. Sin embargo, expresaron preocupación por la actitud asumida por los ediles del oficialismo que se retiraron del edificio parlamentario ante la presencia de los delegados sindicales y sociales.
“No quisieron escuchar a más de 25 organizaciones sindicales, sociales y de pueblos originarios, y eso es lamentable”, expusieron algunos de los delegados, quienes a la vez aclararon que el pedido para hacer uso de la “Banca 13” responde a la necesidad de una postura clara de parte del parlamento frente a una reforma que es rechazada por numerosos sectores de la población.
Respecto de este posicionamiento popular, se procuró que los ediles capitalinos expresen su “rechazo contundente” a la reforma. Al fundamentar dicho planteo se mencionó que las organizaciones tomaron conocimiento sobre un proyecto de adecuación a través del cual se habilitaría, por ejemplo, una privatización de todos los servicios públicos.
Sobre el particular, sindicalistas expresaron su preocupación por el futuro de los servicios que brindan las comunas, y por la situación de los trabajadores que prestan servicios municipales. Se afirma que una eventual privatización, que ya se puso en marcha en la capital, implicaría no solo un perjuicio para los obreros comunales, sino también un encarecimiento de todos los servicios que terminan afrontando los pobladores.
“A pesar de las pésimas condiciones en las que nos toca prestar servicios queremos seguir defendiendo los servicios públicos”, señalaron delegados de trabajadores de municipios, quienes alertaron sobre eventuales acuerdos políticos que allanarían nuevos procesos de privatización de los servicios con inexorables incrementos de las tarifas.
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