Inició el proceso Parlamentario para evaluar el pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy
En la víspera, en el Salón Marcos Paz de Legislatura, se congregaron los diputados que integran la Sala Acusadora en cuyo ámbito dispusieron la constitución de la Comisión Investigadora que deberá determinar si corresponde o no hacer lugar al pedido de juicio político promovido por el abogado Hernán Palomares contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Federico Otaola, por incumplir con sus deberes de funcionario público.
El pasado jueves, en el marco de una sesión ordinaria, ingresó al parlamento provincial una “denuncia formal” promovida por el abogado, Germán Cesar Palomares, quien solicitó la conformación de la Sala Acusadora y la Comisión Investigadora para iniciar un “Juicio Político” contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola, por “incumplimiento de los deberes a su cargo y mal desempeño”. En su presentación, el letrado argumenta que la denuncia en cuestión se fundamenta en la “arrogación unilateral de funciones que la ley otorga exclusivamente a un cuerpo colegiado, la denegación sistemática de justicia, la omisión maliciosa de información a otros Tribunales y la retención indebida de actuaciones, hechos que en su conjunto lesionan las garantías del debido proceso y la división de poderes”.
Ingresado el pedido de juicio político, el miércoles último se convocaron los diputados de la Sala Acusadora integrada por miembros de las diferentes fuerzas políticas del parlamento provincial, y cuyo presidente es el diputado oficialista, Adriano Morone. En dicho marco, se resolvió la constitución de la Comisión Investigadora que quedó integrada por los diputados, Adriana Morone, Santiago Jubert, Gisel Bravo, Rubén Rivarola y Daniela Vélez. Dicho cuerpo tendrá la responsabilidad de analizar las denuncias y pruebas aportadas por el denunciante y definir si procede avanzar, o no, con el trámite parlamentario.
Conforme a lo establecido en la Constitución provincial, la Comisión Investigadora tendrá por objeto “investigar la verdad de los hechos en que se basa la denuncia presentada, teniendo para ello las más amplias facultades; pero respetando las declaraciones, derechos y garantías que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos”. En caso de considerarse procedente, la comisión deberá elevar un dictamen a la Sala Acusadora la que resolverá si da curso al trámite de juicio político.
Cabe mencionar que, durante la reunión de la Sala Acusadora, se escucharon planteos de parte de algunos legisladores de la oposición, particularmente de la izquierda. Al respecto, el diputado, Alejandro Vilca, alertó que, “por mayoría se votó que continúe la anterior conformación de la Comisión Investigadora, que solamente era de radicales y peronistas, por o que ya vemos cuál puede ser el destino de la causa”.
A su turno, el diputado Kevin Ballesty, de La Libertad Avanza, sostuvo que dicho espacio pretendía tener representación en la Comisión Investigadora, no obstante, no expuso mayores reparos a la conformación de dicha comisión. El tal sentido, consideró que la comisión que “estaba vigente al momento del pedido es la que debe investigar, para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del doctor Otaola”.
A la vez, omitió juicios y opiniones, sobre las denuncias esgrimidas por Palomares. “Lo que hay que buscar es que el doctor Otaola tenga todas las herramientas y todas las posibilidades de hacerse escuchar y defenderse como base principal de lo que va a ser la investigación”, remarcó el legislador libertario, quien a la vez admitió que, desde su lugar, “tengo que ser precavido y no voy a emitir una opinión personal porque todo esto está en el marco de una investigación”.
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