El CEDEMS mantiene el Estado de alerta por el Reconocimiento Salarial de la Antigüedad Docente
A fines de la semana anterior, tomó estado público un dictamen de Fiscalía de Estado mediante el cual se eliminaba el reconocimiento del ítem salarial por antigüedad para aquellos docentes que prestaron servicios en establecimientos de gestión privada y que aspiren a ingresar al sistema público. La novedad generó rápidamente una ola de críticas de parte de miles de educadores que acumulan años de servicios en el sector privado y que pretenden acceder a un cargo en el sistema estatal. Desde diferentes sectores sindicales, tales como CEDEMS y SADOP, hubo pronunciamientos en contra de la disposición e incluso advertencias de presentaciones legales y medidas de fuerza.
Dado el repudio generalizado de la comunidad educativa de la provincia, desde el ministerio de Educación se emitió un comunicado en la noche del martes garantizando el reconocimiento del mencionado ítem. En dicho comunicado, las autoridades educativas aclararon que, “el Ministerio continuará reportando la antigüedad docente y no se procederá a efectuar descuentos por este concepto”. Asimismo, se garantizó la “recepción de la documentación correspondiente, conforme a los procedimientos administrativos habituales”.
A pesar de la aclaratoria de la cartera educativa provincial, dirigentes del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) ratificaron el estado de alerta de los educadores hasta tanto se brinden garantías, mediante una resolución formal, que resguarden los salarios docentes. En conferencia de prensa, la conducción del gremio, encabezada por Mercedes Sosa, alertó que el polémico dictamen reflejó un intento claro de precarización y desfinanciamiento de los trabadores provinciales. A la vez, consideró que la maniobra del gobierno dejó en evidencia una política de ajuste sobre los haberes docentes.
A pesar del comunicado de la cartera educativa provincial, garantizando el reconocimiento de la antigüedad a los docentes que prestan servicios en establecimientos de gestión privada, la dirigente gremial consideró necesaria una resolución administrativa formal de parte del Ministerio de Educación para así llevar tranquilidad a miles de trabajadores de la provincia. “No se entiende la razón de generarle este malestar a los trabajadores, cuando debería pensarse en cómo mejorar la situación de los docentes”, expuso la delegada, quien alertó que en caso de haberse avanzado con la medida ejecutiva se hubiera afectado seriamente los ingresos de los docentes.
Consultados sobre el impacto económico que hubiera conllevado la aplicación del dictamen, el secretario adjunto del gremio de nivel medio y superior, Juan Carlos Córdoba, explicó que para un docente que ingresa al sistema estatal tras acumular 10 años de antigüedad en el sector privado la diferencia sería de entre 400 mil y 500 mil pesos mensuales. Por ello, cuestionó el intento de afectar ingresos de los educadores que aún no logran un reconocimiento salarial por parte del estado provincial.
Por otro lado, la conducción gremial alertó que aún restan resolverse numerosas problemáticas de los educadores, tales como salarios atrasados, falta de actualización de haberes para preceptores, el no reconocimiento del concepto “frente a alumnos”, entre otros. En cuanto a la situación salarial de los educadores provinciales, la dirigencia advirtió que próximos a inicial el penúltimo mes del año resulta alarmante la determinación de las autoridades de no reabrir las mesas paritarias para retomar discusiones sobre nuevas actualizaciones de haberes y el monto y el momento de acreditación del anunciado “bono de fin de año”.
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