La capital jujeña es sede de la Segunda Asamblea Anual Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción en cuyo marco se profundizó el análisis sobre las políticas implementadas a nivel federal y distrital en torno a la lucha contra la corrupción. En dicho marco, el actual presidente de la asamblea, doctor Diego Carmona, quien se desempeña como Fiscal Anticorrupción de la provincia de Chubut, destacó los avances logrados en Jujuy a partir de la sanción de la Ley de Ficha Limpia y la creación de la Oficina Anticorrupción que cuentan con rango constitucional.
Al aludir al desarrollo de una nueva edición de la Asamblea de fiscalías y oficinas anticorrupción del país, Carmona comentó, “es muy importante para nosotros tener presencia a nivel federal y esto representa el acompañamiento político a estas instituciones porque un evento de esta naturaleza no se puede organizar sino hay una voluntad de la jurisdicción que la está llevando adelante”.
Al mismo tiempo celebró el acompañamiento de los estados para la constitución de ámbitos que aborden las potenciales situaciones de corrupción. En tal sentido, sostuvo, “la Oficina Anticorrupción de Jujuy se crea en el 2015 y la posterior reforma de la Constitución le da rango constitucional con lo cual se mejora la calidad de las instituciones, y nos permite a nosotros llevar este trabajo federal y el intercambio de experiencias y muchas veces generar trabajos que nos permita hacer más eficiente nuestro trabajo después”.
Con igual criterio abordó el desempeño de los organismos anticorrupción del país donde, según aclaró, “se debe separar muchas veces lo que es el sistema federal y los sistemas definidos en las distintas jurisdicciones”. En tal sentido expuso que, “afortunadamente las jurisdicciones locales van avanzando mucho más rápido en los procesos que en los ámbitos federales”.
A modo de ejemplo, mencionó que, en Jujuy, “ya se tiene incorporada ficha limpia y la Oficina Anticorrupción al ámbito constitucional y eso no ocurre en todas las jurisdicciones y mucho menos a nivel nacional, sino tengamos en cuenta que la Oficina Anticorrupción nacional está creada mediante un decreto”.
Consultado sobre si las intervenciones de los organismos anticorrupción logran satisfacer las y expectativas de la población, dijo, “no me animo a dar una respuesta genérica ya que hay situaciones disímiles, solo tengamos en cuenta que un caso de corrupción a nivel federal tarda 20 años en resolverse entonces por más que la resolución sea justa si tardó 20 años la sociedad no queda conforme, ni queda conforme la persona que fue llevada a juicio porque estuvo durante todo ese tiempo lidiando con esa incertidumbre, por lo tanto esa justicia llega tarde”.
A pesar de ello celebró los cambios que se instrumentaría a futuro y que podrían conllevar mejoras en los procesos de resolución de los hechos de corrupción. “Ahora viene un proceso de reforma de todo el sistema judicial federal que creemos mejoraría esos niveles, pero sabemos que actualmente el trabajo no arroja resultados inmediatos y a la gente le queda ese sabor amargo en razón de que una persona burló su confianza”, expresó.
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