Desde la CGT Jujuy alertaron sobre un aumento de casos de Violencia Laboral en la Administración Pública
En la semana, delegados de la CGT, seccional Jujuy, mantuvieron un encuentro con que integran la comisión de Trabajo de la Legislatura provincial ante quienes expusieron diferentes problemáticas salariales y laborales que, según se afirma, afectan sensiblemente a trabajadores, tanto del sector estatal y privado. En dicho marco, expusieron preocupación por el creciente número de casos de violencia laboral que ejercerían funcionarias en diferentes sectores de la administración pública provincial.
En torno al diálogo entablado en el parlamento jujeño, el titular de la Asociación de Trabajadores del poder judicial, Freddy Berdeja, reseñó que la idea de solicitar una audiencia en el parlamento provincial, surgió durante un plenario de referentes de la CGT Jujuy cumplida el pasado 4 de julio. “Distintos sectores plantearon problemáticas, más allá de la cuestión salarial, y que debían ser atendidas por el Triunvirato, y como co-secretario general he solicitado una reunión con la comisión de trabajo para plantear estos temas”, dijo.
En torno a los temas abordados, aludió a la necesidad de que se aplique la ley 5863 que, según explicó, “contempla el marco legal para que los trabajadores estatales puedan discutir de par a par las cuestiones no solamente salariales sino también las laborales”. “Debemos dejar de lado esas conversaciones en las que solo se discuten porcentajes salariales y se dejan de lado un montón de cuestiones relacionadas a las condiciones laborales”, agregó.
A pesar de que el gobernador expresa periódicamente su voluntad de generar ámbitos de diálogo con diferentes sectores de la sociedad, alertó que, “muchos funcionarios no reciben ni respetan a los sindicatos cuando los secretarios generales son elegidos democráticamente por los mismos trabajadores y debería haber un diálogo fluido y constructivo para mejorar el funcionamiento de la administración pública”.
En igual sentido alertó sobre el flagelo de la “violencia laboral” que “atraviesa a todos de trabajadores, y a todos los poderes de estado”.
Sobre el particular sostuvo que, para la CGT, “realmente nos preocupa mucho, ya que en la mayoría de los casos de violencia laboral termina con un cambio de lugar de trabajo del trabajador violentado mientras que el que ejerce violencia continúa en su lugar”. Consideró a la vez que el trabajador, “va a su lugar de trabajo a prestar su fuerza laboral y para recibir como contraprestación un salario que le permita vivir dignamente y obviamente va a trabajar, no a que lo violenten”.
Consultado sobre las normativas sancionadas en el parlamento en los últimos años que bregan por los derechos laborales, señaló que, “el protocolo es importante hasta tanto se llegue a las denuncias, pero como resolución final no existe ninguna sanción al violento”.
Frente a dicho escenario reconoció que, desde el sector sindical, “estamos trabajando junto a la secretaría de Trabajo para que las resoluciones sean un antecedente para aquellos trabajadores que deseen llegar al ámbito de la justicia”. No obstante, reconoció que actualmente, “en el mejor de los casos, el compañero que es violentado consigue solo el cambio del lugar de trabajo, pero eso no quita las secuelas y los costos que deben afrontar para ir al psicólogo o al psiquiatra, o para tratar enfermedades que aparecen por el estado emocional”.
Respecto de las consecuencias que acarrean las situaciones de violencia en los ámbitos laborales, mencionó que, “muchos trabajadores padecen el llamado síndrome del domingo, es decir, que cuando llega el domingo por la tarde el compañero sabe que al día siguiente debe presentarse a trabajar y va a seguir padeciendo esa violencia, y es en ese momento cuando empiezan a padecer dolores de cabeza o estómago y van apareciendo un montón de situaciones”.
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