Referentes de comunidades originarias lamentaron la actitud de los legisladores oficialistas que aprobaron la ley 6409 de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversores sin contemplar los requerimientos del pueblo jujeño. Desde el acampe instalado en el acceso al parlamento provincial voceros de los pueblos originarios advirtieron que el RIGI solo conllevará “mayor pobreza y hambre” para los jujeños.
En la víspera, durante una nueva sesión ordinaria, el oficialismo, con mayoría de bancas, sancionó la norma mediante la cual la provincia adhiere al RIGI promovido por el ejecutivo nacional. Dicho régimen dispone condiciones impositivas favorables para el arribo de inversiones al territorio argentino. Mientras que el gobierno y sus funcionarios aseguran que ello acarrearía beneficios para la población, las comunidades advierten sobre los efectos negativos de la iniciativa.
Mientras los legisladores sesionaban, los voceros de las comunidades hicieron público un documento mediante el cual solicitaron a los bloques políticos no avanzar con el tratamiento del proyecto de adhesión remitido por el Poder Ejecutivo. El documento fue acompañado por miles de firmas de jujeños que también se oponen al régimen de incentivo.
Sobre el particular planteo, la abogada Silvina Yáñez, en representación de las comunidades, comentó, “realmente se hizo un trabajo enorme a través de cual se evidencia el profundo malestar que genera este proyecto no solo entre las comunidades originarias sino en lo general en todo el pueblo jujeño”.
Al mismo tiempo consideró que, “es muy importante escuchar al pueblo, pero vemos que aquí no se ha informado lo que es el RIGI, y solo se ha dicho que es un Régimen de Incentivo para grandes inversiones, pero nada se ha dicho del costo que esto tendría”. A partir de ello, expresó también, “necesitamos que la Legislatura no adhiera a esta ley, que vote en negativo, porque va a traer mucha pobreza va traer pasivos ambientales negativos, por lo tanto, necesitamos que los legisladores sean conscientes de la contaminación ambiental y de la quita de tierras que afectaría a los jujeños.
Alertó además que una vez que se tomó conocimiento de los reales alcances del régimen, “el descontento del pueblo es notorio y se puso de manifiesto”. “Esto es una consulta popular y pretendemos que a partir de ello la legislatura escuche al pueblo y que le de la oportunidad de que decida qué es lo que bueno y qué es lo que es malo”, dijo, para luego aclarar que la constitución “nos da un mecanismo y una herramienta democrática para pedir que la voluntad popular sea tenida en cuenta cuando se esté afectando el interés público”.
Al ratificar el descontento de los pueblos originarios frente a la decisión del oficialismo en Legislatura, la abogada aseveró que, “los legisladores deberían escuchar al pueblo, deberían estar defendiendo nuestra provincia donde hay desalojos ilegítimos, y se ejerce violencia institucional, y donde además se están abriendo las puertas a las grandes empresas y esto refleja que el poder político y el poder económico van de la mano, y además el poder judicial no trabaja de manera independiente y objetiva sino que son funcionales a los otros poderes, y con todo eso vemos que en Jujuy no hay seguridad jurídica, y esta ley solo trae más pobreza y más hambre”.
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