Crece el malestar de Docentes Jujeños frente a las imposiciones Salariales
En la segunda jornada del paro provincial docente, trabajadores y dirigentes de los gremios docentes ADEP, CEDEMS, UDA y SADOP movilizaron en la capital jujeña para exteriorizar su malestar y repudio hacia las políticas salariales del gobierno provincial que, como es sabido, suspendió las mesas paritarias tras imponer un 4 % de actualización de haberes. A la vez, hubo un fuerte rechazo hacia los descuentos de salarios que anunciaron autoridades del ejecutivo que fueron blancos de innumerables cuestionamientos por desconocer la legitimidad del reclamo docente.
Conforme a lo anticipado, trabajadores de diferentes niveles educativos de la provincia movilizaron en la víspera en rechazo a las imposiciones salariales y la suspensión de las mesas de negociación paritaria dispuestas por el ejecutivo jujeño. La jornada de lucha se caracterizó por una movilización hacia Casa de gobierno que, si bien no logró ser multitudinaria, si permitió visibilizar el malestar creciente de los educadores provinciales que nuevamente encabezan reclamos por reales mejoras salariales. La protesta de los educadores es considerada la “punta de lanza” del reclamo de los trabajadores de la administración pública provincial y municipal que también rechazan la última actualización de salarios que llega tan solo al 4 %.
Si bien, dicho porcentaje se ajusta a las variaciones inflacionarias de meses anteriores, no contempla la suba de precios registrada en la provincia, particularmente en servicios esenciales, como electricidad y transporte urbano. Esto último, sustenta el malestar de los docentes en particular, y de los demás sectores de empleados públicos que demandan ajustes de salarios que garanticen un ingreso de 1.500.000 pesos, que es el valor actualizado de la canasta básica, que marca el umbral de la pobreza, y que es medido por los mismos organismos oficiales, tales como la DIPEC. Conforme a lo denunciado por los propios educadores, el porcentaje dispuesto por el ejecutivo implicaría un incremento de entre 15 mil y 47 mil pesos, dependiendo de modalidad y antigüedad de los trabajadores.
Otro de los puntos que dan fundamento al malestar docente es la demora y/o falta de continuidad de las mesas de negociación paritaria. Cabe mencionar que en la anterior convocatoria, las autoridades habían comprometido la continuidad de las conversaciones una vez finalizado el cronograma de pago del medio aguinaldo. Cumplido el plazo, diferentes sindicatos dispusieron el estado de alerta y movilización. Ante dicho escenario, el ejecutivo dispuso un nuevo llamado en el que se propuso una recomposición del 4 % en dos tramos. Dicho ofrecimiento fue rechazado por la totalidad de los sindicatos, algunos de los cuales solicitaron que, dado lo escueto de la propuesta, se disponga el pago en una sola cuota. Este planteo fue contemplado por las autoridades quienes finalmente dispusieron la liquidación del ajuste con los haberes de julio. No obstante, muchos de los sectores de trabajadores insistieron en que un 4 % resulta insuficiente a la luz de los indicadores de precios al consumidor del último periodo y del atraso salarial generado desde el año 2016.
Entre los pronunciamientos de los docentes sobresale también el malestar frente a las advertencias de descuentos de haberes que se aplicarían sobre quienes adhieren al paro de 72 horas. En tal sentido, se pudo constatar una dispar adhesión a la convocatoria de los gremios. Los primeros relevamientos reflejan un acatamiento mayor al paro en localidades del interior de la provincia y un porcentaje menor entre los docentes de capital. Esto último deja en evidencia el temor de los trabajadores a los descuentos de haberes, pero no logra aplacar el malestar de estos quienes apelan a las redes sociales para manifestar su disconformidad frente a las políticas del gobierno local que, según se afirma, se caracterizan por las imposiciones salariales, el amedrentamiento y el desconocimiento de la realidad de los trabajadores y de la legitimidad de sus reclamos.
Prueba de esto último es la postura del ejecutivo ante el reclamo de los docentes agremiados en ADEP que, como es sabido, transita un periodo de acefalía debido a la suspensión del proceso de elecciones de autoridades de su comisión directiva. En dicho marco, y ante la necesidad de exponer los reclamos por mejoras salariales, delegados gremiales llevaron adelante asambleas en las diferentes regiones de la provincia en las que los mismos afiliados exigieron medidas para alcanzar mejoras en sus ingresos. A partir de ello, y conforme a lo que establece el estatuto gremial se facultó al cuerpo de delegados zonales a convocar a una asamblea general en la que se resolvió un plan de lucha de 72 horas. Dicha resolución fue desconocida por el gobierno, cuyos voceros, la calificaron de “ilegítima”. Al mismo tiempo, anticiparon que el reclamo de los educadores conllevaría sanciones administrativas. Dicha postura enardeció aún más a los educadores quienes ratificaron la continuidad de las medidas de acción directa, e incluso una profundización de las mismas.
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