Representantes de diferentes comunidades originarias de la provincia de Jujuy cumplieron la segunda jornada de permanencia pacífica en el ingreso a la Legislatura en repudio a la posible adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido comúnmente como RIGI, que, según se afirma pondría en mayor riesgo los recursos naturales del territorio. En dicho marco, también exigieron que el estado cumpla con la consulta previa, libre e informada entre las comunidades.
En la víspera, en la Legislatura, tomó estado parlamentario el proyecto de adhesión al RIGI contemplado en la Ley Bases impulsado por el gobierno nacional. Tras su ingreso al parlamento, se espera que el proyecto, requerido por el ejecutivo jujeño, sea analizado en breve en las diferentes comisiones parlamentarias designadas para su tratamiento. De acuerdo a lo expuesto por referentes del oficialismo la iniciativa comenzaría a ser analizada en comisión desde el lunes próximo, tras lo cual se avanzaría con el debate en el recinto de sesiones.
Cabe mencionar que el RIGI contempla la posibilidad de nuevas inversiones para grandes empresas interesadas en impulsar proyectos de desarrollo o explotación en la provincia. Dicha posibilidad profundizó el malestar de las comunidades originarias que sostienen la defensa de los recursos naturales frente a los grandes emprendimientos, particularmente mineros. Es por ello, que en los últimos días, referentes de comunidades junto a organizaciones sociales instalaron un acampe pacífico en el ingreso al parlamento en señal de protesta.
Al fundamentar la medida de fuerza, voceros del grupo de originarios alertaron que el proyecto de adhesión de la provincia al RIGI, “será votado como fue votado el proyecto de la reforma de la constitución provincial, es decir, de espaldas al pueblo”.
Cabe reseñar que las comunidades se encuentran frente al parlamento solicitando respuestas a las diferentes notas remitidas a principios de julio a través de las cuales se demanda la consulta libre, previa e informada, conforme a lo establecido por el convenio 169 de la OIT, particularmente cuando se considere que puedan verse directamente afectados los territorios. “Estamos en este lugar para defender los territorios, el agua, los derechos y la dignida de las comunidades”, remarcaron los voceros con evidente malestar por el ingreso del proyecto de adhesión del Ejecutivo.
Atentos a los eventuales avances de los proyectos de explotación de los recursos de la provincia, expresaron, “necesitamos del acompañamiento de los hermanos, para que no nos sorprendan como pasó con la reforma de la Constitución”. Al ampliar conceptos, señalaron que desde los pueblos “queremos decir no al RIGI, es decir no a la empresa Mekorot, no a la Ley de Bases; y si a la defensa de los territorios, si a la vida, a la consulta previa libre e informada y a la constitución”.
Cabe mencionar que desde el inicio de la permanencia, los delegados procuraron visibilizar las demandas de las comunidades. En tal sentido, se llevó adelante una colecta de firmas para “defender los derechos constitucionales de todo el pueblo jujeño”. Al mismo tiempo ratificaron los alcances de las normas nacionales y tratados internacionales que garantizan el respeto de las comunidades.
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