La diputada provincial Patricia Rios, del Frente Jujuy Crece, salió al cruce de las declaraciones del diputado provincial Kevin Ballesty, quien sostuvo que sería necesario cerrar el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género por considerar que el organismo no atiende cuestiones de género. La legisladora defendió las políticas provinciales que abordan de manera permanente la perspectiva de género y advirtió sobre el retroceso del entramado de derechos construido a nivel nacional en las últimas dos décadas.
Rios, enumeró las acciones que lleva adelante el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género: prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, atención integral a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad, promoción de la igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la autonomía económica femenina. Asimismo, destacó su rol en la capacitación mediante la Ley Micaela, la articulación con municipios y el sostenimiento de equipos que brindan asistencia psicológica, social y legal en casos de violencia extrema. «Frente al desmantelamiento nacional, el Consejo Provincial es la última barrera de contención institucional para miles de jujeñas», enfatizó.
Derechos en retroceso
La legisladora señaló que existen retrocesos en derechos conquistados y ataques a agendas históricas como la participación política democrática, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad salarial, la erradicación de las violencias y el reconocimiento de los cuidados.
Sobre el contexto nacional, le legisladora provincial, recordó que en Argentina se registra un femicidio cada 33 horas, según los registros del Observatorio MuMaLá y de La Casa del Encuentro. En esa línea, sostuvo que la gestión de Javier Milei desmanteló en menos de 18 días desde su asunción el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, al degradarlo a subsecretaría mediante el Decreto 86/2023. Recordó que el 6 de junio de 2024 el organismo fue eliminado definitivamente mediante un comunicado que argumentaba la necesidad de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados.
La diputada explicó que las resoluciones 291 y 292 de 2025 profundizaron ese vaciamiento al dar de baja trece programas, entre ellos Producir, Igualar, Generar, Sembrar Igualdad y las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”. A esto se sumó el desfinanciamiento del programa Acompañar —que brindaba apoyo económico y acompañamiento psicológico a mujeres en situación de violencia—, que sufrió una caída del 90% en su ejecución durante 2024 y quedó sin partida específica en el Presupuesto 2025.
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