Avanza la Investigación en torno a Delitos cometidos en Organizaciones Sociales
El doctor Diego Funes, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos Contra la Administración Pública Nº 2, brindó información en torno al estado de la investigación penal preparatoria requerida por el Ministerio Público de la Acusación que evalúa la supuesta comisión de los delitos de extorsión y asociación ilícita en varias organizaciones sociales de la provincia. Tras un primer análisis del material secuestrado en sedes de organizaciones existen elementos que corroborarían maniobras de “extorsión” sobre beneficiarios de planes sociales, e incluso se habría hallado información sobre la supuesta comisión de un “atentado”.
Tiempo atrás, la justicia provincial, a través del Ministerio Público de la Acusación, se hizo eco de una serie de denuncias de beneficiarios de planes sociales que integran distintas organizaciones sociales de la provincia. En lo general se alertó que dirigentes de algunas de las agrupaciones retienen parte de los beneficios y obligan a militantes a movilizar a cambio de mantener los planes que otorga el Estado. A partir de estas primeras denuncias, se libraron diversas órdenes de allanamientos en sedes de agrupaciones, algunas de ellas afines al gobierno nacional, y en domicilios particulares de dirigentes de las mismas.
Las medidas se cumplieron en julio y se sustentaron en la supuesta comisión de los delitos de extorsión y asociación ilícita. Tras varias semanas de análisis del material secuestrado, el fiscal a cargo de la Investigación penal preparatoria compartió a la prensa local algunos de los primeros datos que confirmarían la comisión de las transgresiones mencionadas, y de otros delitos. En un primer momento, el fiscal Funes aclaró que a pesar del tiempo transcurrido desde el momento de los allanamientos se continúa con el análisis de todo el material secuestrado.
“Al día de la fecha tenemos un 95 por ciento de avance en la extracción de información de los equipos informáticos y teléfonos celulares secuestrados, y un porcentaje similar en el análisis de la documentación secuestradas”, expuso.
En cuanto a la situación de las personas en cuyos domicilios se realizaron las medidas judiciales, precisó que, “no hay demorados, y no hay ningún tipo de restricciones a sus libertades ambulatorias, y tampoco hay imputados formales, es decir, personas a las que se les haya promovido acción penal de parte de la fiscalía”. A pesar de esto último aclaró que, en la investigación, a partir de las denuncias realizadas por ciudadanos, existen personas “sindicadas” como “posibles autoras del delito de extorsión”.
Respecto de esto último mencionó que la extorsión se sustentaría en la acción de “amenazar o amedrentar a personas económicamente vulnerables con perder su plan o su asistencia social sino asistían a las marchas o sino realizaban aportes a la organización y ese es el delito que se está investigando”. A partir de ello acotó que, a la espera de nuevos elementos, que corroboren la comisión de dichos delitos, no se ha dispuesto una “acción penal concreta” sobre los referentes de organizaciones sociales. Consultado sobre las penas que les correspondería a las personas que habrían cometido la extorsión, Funes dijo que “hay una pena mínima de cinco años de prisión”.
Por otro lado, el funcionario dio cuenta del hallazgo de escritos sobre la planificación de un supuesto atentado. “Se encontró documentación donde hay manuscritos con un plan de acción, y se menciona concretamente la palabra atentados”, puntualizó, tras lo cual acotó que dicho escrito será “motivo de una pericia caligráfica” para identificar a los autores del mismo.
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