A pesar de sus diferencias los Sectores Sociales se unen contra la gestión de Morales
La masiva movilización de organizaciones sociales y agrupaciones políticas del martes último dejó en evidencia no solo el malestar de estas frente a las políticas de “persecución” y “criminalización” de la protesta social que sostiene la actual administración de gobierno. También dejó abierta la posibilidad de que los sectores que movilizaron dejen de lado momentáneamente sus diferencias políticas y metodológicas para aunar criterios de acción. Esto abriría a su vez un periodo de tensión social que se visibilizaría en las calles lo que pondría a prueba la tan promocionada “paz” de la gestión de Gerardo Morales.
Los allanamientos librados por la Justicia provincial a sedes de agrupaciones del campo popular y en domicilios particulares de dirigentes, las reiteradas contravenciones que se labran en ocasión de reclamos en la vía pública, las supuestas actividades de “espionaje” desde el área de seguridad, dieron paso a situaciones que hasta hace algún tiempo se creían imposibles. Varios de los delegados de las organizaciones que movilizaron el martes último en rechazo a la “criminalización” de los sectores populares admitieron que el actual contexto social y económico en la provincia abre un escenario en el que muchas de las agrupaciones sociales y políticas podrían confluir en una unidad en la acción para contrarrestar las disposiciones del Ejecutivo.
Sebastián Copello, dirigente del Partido Obrero en Jujuy comentó, “la idea era dar una respuesta contundente, y sabemos que entre todas las agrupaciones que participamos hay profundas diferencias en cuanto a los pensamientos políticos y las posturas que tenemos frente al gobierno nacional, pero con la marcha demostramos y logramos una unidad en democracia y una unidad táctica frente a lo que entendemos que es un ataque muy profundo de parte del estado”.
En su análisis también aludió a la situación a nivel país que refleja también una avanzada sobre los sectores populares que periódicamente demandan medidas que permitan paliar la crisis económica que se profundiza al paso de los días. A partir de este escenario nacional, se afirma que la administración de gobierno en Jujuy se “ve respaldada para avanzar más fuerte sobre las organizaciones”.
Con acuerdo a esto último, desde el campo popular se sostiene que lo acontecido el martes último permitió avizorar una “unidad para frenar todo esto porque evidentemente aquí en Jujuy se quiere imponer la prohibición a reclamar que es algo que está garantizado por la misma Constitución nacional”.
En igual sentido, desde otros sectores sociales se afirma que las acciones de “inteligencia” de parte de la fuerza de seguridad provincial es una constante. Se denuncia que periódicamente delegados de las agrupaciones son “observados” en sus domicilios por personas “extrañas” que supuestamente pertenecerían a los grupos de la Brigada de Investigaciones.
En suma, dadas las denuncias expuestas por los delegados se infiere que el malestar popular se acentuaría en el corto plazo. La eventual unidad de los sectores sociales sería la consecuencia de un modelo de gobierno que, en aras de lograr la paz en la provincia, generaría un nuevo escenario de conflictividad social que la población creía superada.
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