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Empresarios locales cuestionaron las imposiciones Salariales del Gobierno Nacional

La medida del gobierno de otorgar una suma fija de 60 mil pesos, en dos tramos, a todos los trabajadores registrados del sector público y privado, con sueldos netos de hasta $400.000, sigue despertando rechazos por parte de sectores industriales, empresariales y pymes. En la víspera, referentes de la Cámara Argentina de la Mediana empresa, que agrupa a empresarios pyme, alertaron sobre la compleja situación económica del sector lo que les impediría afrontar el pago del bono.

En el orden local, el referente de la Unión de Empresarios y delegado de la CAME, Luís Alonso, cuestionó los alcances de la medida gubernamental que impondría una obligación sobre el empresariado que padece directamente los efectos de las políticas oficiales, a la vez que desvirtúa los acuerdos logrados hasta el momento en el marco de las paritarias.

Sobre el particular, expuso, “los ámbitos de discusión de los salarios son las paritarias, y no las imposiciones que define un gobierno, por lo que la medida lo único que hace es complejizar aún más nuestra situación”. Recordó a la vez que durante la etapa de pandemia se registró una fuerte caída de la actividad empresarial en todo el país y que, a pesar de una leve recuperación, la situación continúa siendo compleja, a lo que se suman las consecuencias de la reciente devaluación.

Al respecto, describió que actualmente muchas pymes “aún no tienen los insumos necesarios, o reciben aumentos de los insumos de hasta un 30 por ciento, por lo que nuestra situación es muy difícil por lo que entendemos que no es la manera de discutir una cuestión salarial”. A partir de lo descripto, en su carácter de referente de la Unión de Empresarios, se pronunció a favor de lo expuesto por la CAME que, como se mencionó, rechaza la medida del ejecutivo nacional.

Al ampliar conceptos, fundamentando la postura del sector Pyme, Alonso puso de relieve que, además de las entidades empresariales, los gobiernos de 12 distritos del país ya confirmaron que no están en condiciones de afrontar dicho pago a menos que el estado argentino realice aportes para cumplir con la medida. Frente a ello, expuso que la administración definió una imposición sobre el sector privado que, en caso de no cumplir con el pago del bono, será pasible de sanciones.

Dada la obligatoriedad definida por el gobierno, admitió que los empresarios se verán obligados a cumplir la medida aun cuando ello implique un perjuicio mayor para las estructuras. “Sinceramente esa medida genera una problemática importante en un contexto inflacionario grande y caída de la actividad desde principios de año a esta parte”, dijo.

En dicho escenario, no dudó al cuestionar las políticas de orden nacional que no garantizan certidumbre y estabilidad en el sector empresarial. “Al sector empresario se le está cambiando permanentemente las reglas de juego, y siempre tenemos que esquivar las olas para poder diariamente seguir subsistiendo y con las estructuras funcionando”, manifestó.

 

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