En el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70, respaldado posteriormente por la Ley Bases, el gobierno argentino dispuso que las empresas públicas y sociedades del estado se conviertan en sociedades anónimas. Dicho no conlleva una privatización automática ni una venta de activos, sino un cambio de forma legal, o status jurídico, que, según la administración busca impulsar transparencia, eficiencia y profesionalización.
Al mismo tiempo, se explica que el Decreto ejecutivo puede seguir siendo el único accionista o el mayoritario, conservando funciones públicas o sociales que cumplían las empresas.
A partir de dicha normativa, surgieron interrogantes en la provincia sobre la situación de las diferentes empresas en las que el gobierno tiene directa participación. Sobre el particular, el diputado, Adriano Morone, explicó, “hay varias empresas aquí en la provincia, como en el resto del país, que son sociedades del Estado que es la figura jurídica, y como es sabido el año pasado con el decreto de necesidad y urgencia N° 70 y luego con la ley Bases se ha eliminado la ley que regulaba o tipificaba las sociedades del Estado”.
Aclaró que, a partir de ello, “es necesario adecuar las empresas de nuestra provincia que tienen esa estructura jurídica a la legislación vigente (y) al no existir más esas sociedades del estado hay que convertirlas obligatoriamente en sociedades anónimas y eso es lo que establece la ley”.
Precisó a la vez que, “las sociedades anónimas van a ser las nuevas estructuras jurídicas más allá de que se mantenga la propiedad estatal y se mantenga la razón social de las empresas, es decir, simplemente es el cambio de las estructuras jurídicas con lo cual pasan a ser sociedades anónimas”.
Al ampliar conceptos sobre los alcances de los cambios mencionó, “son distintas figuras jurídicas”, y “no hay grandes cambios en la práctica ya que también pueden ser sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria así que en la práctica seguirán funcionando de la misma manera”.
Sobre la posibilidad de que en las diferentes empresas estatales de la provincia puedan incorporarse capitales privados, dijo, “eso puede ocurrir, pero eso no tiene nada que ver con esta ley, sino que esta ley implica simplemente el cambio de sociedades del estado a sociedades anónimas”. En cuanto a las rendiciones de cuentas que deberían realizarse bajo los nuevos status jurídicos, dijo, “es la misma con el mismo funcionamiento que todas las sociedades del estado, y por supuesto continuará con la intervención de la auditoría de la provincia como todas las reparticiones públicas”.
Aclaró además que, las sociedades del estado “podían venderse y por supuesto que al haber una nueva regulación se establece cuáles serían los nuevos requisitos en caso de incorporar capitales privados, o eventualmente una venta, pero ese no es el espíritu de la ley”.
Independientemente de los objetivos definidos por la administración nacional en aras de la reducción de los gastos estatales, el legislador subrayó que, en Jujuy, “nosotros creemos en la importancia de la existencia de sociedades en las que el estado sea parte, sobre todo sociedades que tienen que ver con cuestiones que consideramos estratégicas, por ejemplo, JEMSE”.
“El espíritu con el que han sido creadas sigue siendo el mismo y seguirá funcionando de la misma manera más allá del cambio de la estructura jurídica que es lo mismo que cuando se constituye una sociedad, que podría ser una sociedad anónima o una SRL, pero ahora, por una legislación nacional, pasan a ser sociedades anónimas”, expresó finalmente.
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