Mediante la ley 6440, la cámara de diputados aprobó el proyecto de presupuesto 2025. Al respecto, legisladores de la oposición esgrimieron diferentes cuestionamientos sobre los alcances del proyecto enviado por el ejecutivo provincial. Algunas de las observaciones giran en torno a la ausencia de precisiones sobre el nuevo régimen de coparticipación municipal que comprometió el gobernador, Carlos Sadir, en el inicio del periodo ordinario de sesiones pero que no llegó el parlamento.
En torno a este, y otros temas, contemplados en el presupuesto provincial, la diputada del PJ, Patricia Armella, lamentó la ausencia de un debate en torno a la ley de coparticipación que, según afirmó, es requerida por los gobiernos comunales.
Puntualizó que, a partir de un requerimiento de los legisladores, y particularmente de jefes comunales, algunos de los cuales responden al partido gobernante se planteó la necesidad de que el envíe el proyecto de coparticipación conforme a lo que había anunciado en el inicio del año parlamentario.
Con acuerdo a ello, dijo, “hay una clara diferencia entre los municipios de ideologías diferentes y lo plantea los mismos miembros informantes al afirmar que el presupuesto refleja una ideología del gobierno y esto tiene que ver con cómo se destinan los recursos y nosotros vemos una clara discriminación con nuestros municipios”. Al mismo tiempo recordó que, “la coparticipación fue una promesa del gobernador y una demanda de los distintos bloques para que los municipios tengan autonomía”.
Al fundamentar sus dichos puso sobre el tapete el hecho de que la administración provincial en numerosas oportunidades salió al rescate del municipio capitalino destinando recursos, situación que se extendió a otras comunas. A modo de ejemplo, precisó que, “el gobierno salió a sostener el BEGU de capital cuando el señor intendente no pudo sostenerlo ni explicar que pasa con los recursos cuando se aprobó una ley que es muy clara y define cómo se da el financiamiento”.
“El financiamiento se tenía que dar con una ley que cobre un impuesto a los juegos de azahar pero eso no se logró y hoy la provincia se está haciendo cargo pero esa diferencia entre los derechos de un niño que vive en capital frente a un niño del municipio de Palpalá que tiene que compensar para que este beneficio siga para los estudiantes locales con impuestos municipales lo que demanda quita de recursos para los palpaleños”, argumentó en directa alusión a la discrecionalidad definida por el ejecutivo provincial y que beneficio al municipio capitalino.
Por otro lado, la legisladora aludió a la ausencia de precisiones sobre las partidas asignadas por el ejecutivo entre las diferentes áreas de la administración provincial. Sobre el particular, expuso que, “se estaría aumentando un 170% la asistencia, no obstante, es difícil leer el presupuesto porque lo hacen difícil, sería más práctico que cada Ministerio especifique por ejemplo cuánto van a destinar a los comedores”.
Igual importancia le atribuyó al capítulo relacionado a los salarios de los trabajadores de la administración pública que, como es sabido, no tuvieron recomposiciones salariales acordes a sus necesidades durante el año finaliza. Al respecto, remarcó que en el presupuesto “no se refleja la estabilidad laboral para los capacitadores laborales que hace años vienen solicitando mejoras”.
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