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Organizaciones Sociales complicaron nuevamente el transito en la capital Juje帽a

En la v铆spera, nuevamente organizaciones sociales y agrupaciones pol铆ticas de izquierda salieron a las calles en movilizaci贸n exigiendo la liberaci贸n de los militantes detenidos la semana anterior. Al mismo tiempo, repudiaron la denominada 鈥渃riminalizaci贸n de la protesta social鈥, y reclamaron a las autoridades pol铆ticas que atiendan las 鈥渞eales necesidades de la poblaci贸n empobrecida鈥 de la provincia. El reclamo nuevamente ocasion贸 innumerables inconvenientes en el tr谩nsito vehicular y peatonal lo que a su vez aument贸 el malhumor de la mayor铆a de la poblaci贸n que al paso del tiempo cuestiona con mayor fuerza dichas pr谩cticas.

A nivel nacional se replican los debates en torno a los perjuicios que diariamente ocasionan las movilizaciones y piquetes de organizaciones sociales, y c贸mo el Estado deber铆a actuar para garantizar derechos individuales y colectivos de la mayor铆a de la poblaci贸n que ya no oculta su malestar frente a ese tipo de manifestaciones. No pocos referentes de sectores pol铆ticos cuestionan las metodolog铆as de muchas organizaciones que a cambio de administrar o facilitar el acceso a un beneficio del Estado obligan a miles de argentinos a realizar protestas en la v铆a p煤blica.

M谩s all谩 de esta discusi贸n, en Jujuy los responsables de las agrupaciones hacen o铆dos sordos al creciente malestar de la ciudadan铆a y contin煤an replicando pr谩cticas que sin lugar a dudas incurren en delitos y vulneran derechos de los ciudadanos que acceden a los distintos beneficios que brinda el Estado. Esto qued贸 en evidencia durante la movilizaci贸n de ayer. Numerosas agrupaciones sociales se desplazaron por distintos sectores de la ciudad para confluir en horas del mediod铆a en los alrededores de Casa de Gobierno.

Delegados de organizaciones expresaron que la movilizaci贸n tuvo el objetivo de reclamar la liberaci贸n de los dirigentes sociales, Sebasti谩n Copello y Juan Chorolque, quienes fueron detenidos por la fuerza de seguridad p煤blica tras haber encabezado a principios de marzo movilizaciones y cortes en el tr谩nsito en la capital juje帽a. Las detenciones fueron dispuestas por la justicia local cuyas autoridades se帽alaron que las acciones protagonizadas por los delegados constituyen delitos tipificados en el Art铆culo 194 del C贸digo Penal.

En lo que ya es un argumento recurrente desde las organizaciones se denuncia que el gobierno de Jujuy apela a las 鈥渄etenciones ilegales鈥 y 鈥渧iola el derecho constitucional a la protesta social鈥. Dicho planteo es replicado por representantes de agrupaciones pol铆ticas de izquierda que adem谩s de repudiar el proceder del Ejecutivo juje帽o cuestionan las pol铆ticas del Estado argentino.

Sin embargo, dichas manifestaciones chocan de frente con las im谩genes que suelen observarse en los puntos de concentraci贸n de las agrupaciones donde delegados suelen 鈥渢omar asistencia鈥 a los militantes que van a movilizar. Dicho 鈥渃ontrol鈥 no refleja otra cosa que la pr谩ctica habitual dentro de numerosos agrupamientos que obligan a los juje帽os a movilizar con la promesa de facilitarse el acceso a plan social, o para garantizar la continuidad del cobro de un beneficio. Es un secreto a voces que en varias organizaciones, incluso aquellas que son afines al gobierno, resulta habitual que los delegados se apropien de una fracci贸n de los montos de los beneficios con lo cual los destinatarios de las pol铆ticas asistenciales terminan rehenes de los arbitrios de un reducido n煤mero de personas que incurren en delito.

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