En la víspera, representantes de distintas asociaciones civiles de la provincia que trabajan en la prevención del consumo problemático de sustancias se hicieron presentes en el parlamento provincial para acompañar la presentación de un anteproyecto de Ley de Emergencia para la Prevención y Combate de Adicciones y Consumos problemáticos. La propuesta impulsada por el dirigente de la Coalición Cívica ARI, José Albizo Cazón, tiende a generar un ámbito para el abordaje y tratamiento de las situaciones devenidas de los consumos problemáticos que, según se afirma, afecta a un número mayor de jóvenes e incluso niños de la provincia.
El anteproyecto, cuenta con el respaldo de instituciones civiles como la Asociación Unidos por la Salud, Asociación Hoy por la Vida, la Fundación Servir, fundación Luz y Vida y Madres AutoConvocadas, cuyas referentes también advierten sobre un aumento en el número de casos de consumos problemáticos en la provincia, y un descenso en la edad de iniciación en el consumo. A partir de ello se considera necesario que desde el Estado se garanticen mecanismos de prevención y abordaje mediante tareas conjuntas con la sociedad civil.
Al dar cuenta de la compleja realidad en materia de consumos problemáticos las voceras de las instituciones involucradas alertaron que en el año 2022 hubo 22 mil atenciones en el sistema ambulatorio de salud por situaciones de consumos problemáticos y que el promedio de edad de los involucrados rondó los 12 años. A la vez, expusieron que se registraron casos de niños con problemas de consumo.
Atento a dicha realidad, Albizo Cazón, comentó que “a consecuencia de esto es importante poder exponer lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy pero a la vez también instalar el tema en la agenda pública”. “El ministerio de Salud hace todos los esfuerzos que están a su alcance, pero hay que entender que el sistema de salud es el estadio último del problema porque los jóvenes llegan a esa instancia cuando ya están en el consumo”, mencionó el impulsor del anteproyecto que se espera tenga recepción en el parlamento provincial.
Al ampliar conceptos sobre los alcances de la propuesta, precisó, “tenemos que hablar del tema desde el nivel inicial y llegar hasta el nivel terciario, también se debe hablar de esto en los barrios populares, por ejemplo, a través de asesorías barriales comunitarias, que es una de las alternativas incluidas en el proyecto”.
Al mismo tiempo consideró oportuna la elaboración de estadísticas sobre consumo dentro de las instituciones educativas. También se pronunció en favor de “impulsar la idea de que las casas recuperadas se conviertan en centros de apoyo y de recuperación para ampliar la atención”.
Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa gira en torno al financiamiento que sería necesario para cubrir los gastos de funcionamiento de los espacios de atención y contención de las personas que padecen consumos problemáticos. Sobre el particular planteó la posibilidad de que los recursos provenientes de la incautación de todo el material de contrabando puedan ser destinados al sostén de los espacios y demás medidas para la instrumentación de la emergencia en todo el territorio.
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