Luis Cabana afirmó que en Jujuy “No hay una mejora en la realidad Salarial”
El pasado miércoles, el INDEC, presentó los indicadores de pobreza e indigencia a nivel país, donde el aglomerado Jujuy-Palpalá alcanzó el 42.2% de pobreza en el primer semestre del año, afectando así a más de 150 mil personas, lo que implicaría que 1 de cada 5 jujeños es pobre. El dato, que supera nuevamente la media nacional que llegó al 40.1%, posiciona a la provincia en segundo lugar a nivel regional. La situación se complejiza al considerar el dato de indigencia que para Jujuy fue del 8.7%, que se ubica, junto al aglomerado Tucumán-Tafi Viejo, en primer lugar en el NOA.
Frente a ese escenario, varios referentes sindicales y sociales de la provincia coinciden en que las políticas salariales definidas en la provincia no condicen con esa realidad, y por el contrario, ahondan la situación de pobreza que podría agravarse en los próximos meses. Prueba de ello, son las definiciones salariales para el sector estatal que dispuso el Ejecutivo y que son cuestionadas por la totalidad del arco sindical. Atento a esto último, el titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UCPN), Luís Cabana, afirmó que las recomposiciones salariales resultan insuficientes para mitigar los efectos de la inflación entre los empleados de la administración pública.
Al analizar la situación de la provincia frente a la coyuntura económica, comentó, “la verdad que vemos que el gobierno no hace mucho; vemos que el cambio de la matriz productiva prácticamente pasa por otras vías porque no vemos los resultados, ni hay una mejora de la realidad salarial y de condiciones de vida de los jujeños”. “En nuestra provincia está claro que los proceso de inversión, que tanto se anunciaron, casi ninguno se ha dado; y está bien que hablen de cambios en la matriz productiva, pero los resultados recién se los estaría viendo dentro de 17 o 20 años, mientras que las utilidades de todo eso no están volcadas a la realidad de los trabajador del sector público, o a aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas”, expuso.
Al ahondar en la situación de los empleados del estado, consideró que la alternativa es mejorar los salarios para así incrementar el consumo, lo que implicaría un incremento de la actividad en el sector privado. No obstante, alertó que actualmente se registra “una mayor retracción salarial”.
Respecto de la última recomposición salarial del gobierno, que se hará efectiva desde la próxima semana con la acreditación de haberes del mes de septiembre, Cabana fue categórico al señalar que la misma “es una imposición”. “Esta semana se anunció el cronograma de pago y vamos a ver el impacto que tiene en toda la grilla salarial”, dijo, para luego acotar que por el momento existe gran incertidumbre en torno a las características de las liquidaciones.
Además de remarcar que los montos anunciados por el ejecutivo resultan insuficientes, advirtió que las liquidaciones se ejecutaron tras una reunión con lo cual no hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. A partir de ello afirmó que “todo resulta insuficiente si los salarios no superan lo que es la canasta básica que es lo que necesitan los trabajadores para no ser pobres”. Con igual criterio indicó que tras los incrementos de agosto y de septiembre, meses en los que no hubo actualización en la provincia, “el marco de referencia sería que el empleado público no cobre menos de 300 mil pesos para sostener su grupo familiar”.
Por otro lado, el referente de UPCN admitió que la situación de la provincia no difiere de la realidad del país en el que muchos distritos presentan niveles de pobreza e indigencia muy elevados en comparación con los datos del 2022. “Es una situación gravísimas, más aún si consideramos que son datos del primer semestre, y obviamente esto refleja que no se hicieron bien las cosas por lo que hay muchas necesidades y políticas que no condicen con las realidades de los jujeños y del resto de los argentinos”, comentó.
Atento a ello, alertó que “de no mediar un acuerdo social, político, y laboral, no vamos a tener una salida ordenada tras lo que sería el proceso electoral de octubre y eventualmente en una definición en ballotage, es decir, que la responsabilidad principal la tiene la política sin particularizar en ningún color político”.
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