En la última sesión ordinaria de Legislatura ingresó un proyecto, de autoría del Diputado provincial, Diego Rotela, para modificar el actual Contravencional con objetivo de establecer sanciones económicas (multas) a los padres, tutores y estudiantes vinculados a amenazas dentro de los ámbitos escolares. El legislador reconoció que el proyecto apunta a establecer una medida ejemplificadora para evitar nuevas situaciones que, además de constituir un delito, alteran el orden en establecimientos educativos.
“Este es un proyecto que va por fuera de la acción penal propiamente dicha, que va por fuera de lo que serían las sanciones en los ámbitos escolares y que básicamente busca modificar el Código Contravencional para que los padres, tutores o encargados de los menores que realicen amenazas y sean identificados se hagan cargo de los gastos de los operativos de seguridad, de salud y de los gastos que surjan en el ámbito educativo”, comentó el legislador del bloque Jujuy Crece, quien expresó preocupación por los numerosos casos de amenazas registrados en las últimas semanas en los ámbitos escolares.
Respecto de esto último, a principios de semana, desde la Secretaría de Comunicación, se confirmaron 91 actuaciones de los organismos de seguridad en instituciones educativas, y 33 menores identificados como responsables de las amenazas que se viralizaron mediante redes sociales.
A partir de ello, Rotela precisó que el proyecto legislativo procura modificar la Ley 5.860 del Código Contravencional de manera de incorporar multas económicas y sanciones administrativas ante casos de amenazas de tiroteos, colocación de explosivos u otros hechos que alteren el normal dictado de clases. Según el texto, se busca establecer sanciones económicas, de hasta 100 unidades fijas, que recaerían en padres o responsables de menores que incurran en los delitos de amenazas.
Detalló, que la propuesta también habilitaría al Ministerio de Educación a aplicar sanciones específicas sobre aquellos los alumnos involucrados en los delitos de amenazas. Entre las sanciones contempladas sobresalen la prohibición de participar en actividades organizadas por el Ente Autárquico Permanente durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y la restricción de asistencia a eventos estudiantiles, como la cena blanca. “También facultamos a la Secretaría de Comunicación a que implemente una campaña de difusión y prevención”, acotó.
Al fundamenta dichas acciones, dijo, “los chicos tienen que entender que esto no es broma y que es un delito, y a la vez, que sus acciones pueden tener una réplica ya se por las multas que deberán pagar sus padres, o por las restricciones para participar de los eventos estudiantiles”. “Todo esto tiene que ser una acción ejemplificadora, para los padres y para los alumnos, y creo que una vez que se sancione a uno o dos casos el resto va evitar esas situaciones, y la verdad me siento en la obligación de explicarles a los chicos que todo esto no es una broma”, expresó Rotela.
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