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Alertan que el Gobierno de Morales profundizó la persecución de los Sectores Populares de Jujuy

Delegados de distintas organizaciones sociales de la provincia manifestaron su indignación y malestar frente al accionar del Estado provincial que, a través del Poder Judicial, dispuso y ejecutó una serie de allanamientos en la víspera en sedes de organizaciones del campo popular y en domicilios particulares de dirigentes sociales. Se afirma que, con dichos procedimientos, que estarían viciados de irregularidades, el gobierno de Jujuy profundizó la “persecución política” hacia quienes salen periódicamente a denunciar la crisis real que se vive en la provincia.

En las primeras horas del miércoles, a partir de una medida de la justicia provincial, se llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos en sedes de organizaciones sociales y en domicilios particulares de algunos dirigentes del campo popular. Los procedimientos, cumplidos bajo estrictas medidas de seguridad, se libraron a partir de las actuaciones de oficio de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública, y tuvieron el objetivo de allanar, registrar, requisar y secuestrar material vinculado a una supuesta asociación ilícita promovida dentro de las organizaciones sociales.

Los allanamientos se realizaron en sedes de organizaciones como el Movimiento Evita, el Frente de Organizaciones en Lucha, Nuestra América, y otros. También hubo procedimientos en los domicilios particulares de delegados de las organizaciones quienes rápidamente salieron a denunciar un “estado de permanente persecución hacia los sectores populares de la provincia de Jujuy”.

Las medidas se cumplieron en un momento en el que las entidades del campo popular son ampliamente cuestionadas, incluso por funcionarios nacionales quienes alertan sobre los manejos discrecionales y “delictivos” de recursos del Estado por parte de numerosas organizaciones.

Tras las primeras intervenciones, que se desarrollaron bajo estrictos operativos de seguridad, referentes del campo popular expusieron su indignación y preocupación por el accionar político del gobierno. Se afirma que el accionar de la justicia, se ajusta a la política de “criminalización” de los sectores sociales, impulsada por la actual administración de gobierno. Al mismo tiempo, se denunció que la “avanzada” a través del Poder Judicial, refleja el “odio que tienen las autoridades hacia aquellos sectores populares que se atreven a denunciar la verdadera crisis que golpea a la población de Jujuy y que es sistemáticamente ocultada por el gobierno”.

Se prevé que, tras un análisis legal de los procedimientos y la consulta ante los abogados de las organizaciones sociales, este jueves habría un pronunciamiento de todos los sectores populares y no descartan jornadas de movilizaciones y reclamos.

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