Afirman que el Gobierno “busca instaurar un Régimen de Terror”
Luego de que autoridades del ejecutivo provincial anticiparan que Fiscalía de Estado se constituirá como querellante en las causas judiciales iniciadas con posterioridad a los diversos incidentes y protestas de las últimas semanas, referentes de organizaciones sociales alertaron que el gobierno “busca instaurar un régimen de terror” promoviendo la persecución y la criminalización de todos los jujeños que expresen críticas a la actual administración.
El martes último, el Fiscal de Estado, Miguel Rivas, confirmó el inicio de causas e investigaciones judiciales a partir de los hechos ocurridos en la Legislatura provincial, en el concejo Deliberante de Humahuaca y en los diversos cortes de rutas que se replican a diario. Por su parte, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, precisó que se iniciaron más de 100 causas por los incidentes registrados en las últimas semanas, y que desde la justicia se aplicará “todo el rigor de la Ley”. A la vez, anticipó contravenciones sobre quienes persistan con los cortes las que tendrían elevadas multas.
Frente a la postura del Ejecutivo, no pocos referentes de sindicatos y organizaciones alertaron sobre el inicio de un proceso de persecución y criminalización de la protesta que sería un adelanto de lo que en adelante será la Nueva constitución de la provincia. En dicho marco, Sebastián Copello, delegado del Frente de Organizaciones en Lucha, sostuvo, “es gravísimo lo que anunció el gobierno, y evidentemente lo que busca el gobierno es instaurar un régimen del terror”.
“Como no pudieron doblegar la lucha están buscando otras alternativas para doblegar las medidas de fuerza que aún siguen vigentes, pero lo más grave es que el poder ejecutivo se toma atribuciones que le competen al poder judicial mientras que fiscalía de Estado y el ministerio Público de la Acusación están prácticamente dando los veredictos”, expuso el referente popular.
A pesar de la virulencia con la procede el gobierno, para los referentes de organizaciones, dicha conducta refleja un debilitamiento frente a la sociedad que progresivamente reconoce los reales objetivos del Ejecutivo. “Es un manotazo de ahogado porque es evidente que el gobierno no encuentra otras formas de resolver el conflicto y resolvió ir en contra de quienes están movilizando”, apuntó. Al mismo tiempo, afirmó que la continuidad de las protestas, no solo de sectores docentes, sino también de las comunidades originarias y otros sectores populares, deja en evidencia una toma de conciencia de la población que no acepta las maniobras de la actual administración de gobierno.
“No van a lograr doblegar a la población con más miedo, más aún porque en 8 años de gobierno muchos se dieron cuenta de que se puede luchar”, enfatizó Copello, quien al mismo tiempo destacó que a partir de la determinación de los pobladores jujeños se instaló en el país un debate en torno a la legitimidad de la reforma y de varios de sus capítulos que contradicen la carta magna nacional.
A partir de los acontecimientos suscitados en la provincia, y que tendrían continuidad a pesar de las advertencias y las causas judiciales promovidas por el gobierno, el dirigente consideró que “Gerardo Morales se tiene que ir; para nosotros el gobernador llegó a un límite cuando mandó a la policía a reprimir y a disparar al rostro de las personas y que reprimió 6 veces, y por eso se tiene que ir”.
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