A MAS DE CUATRO AÑOS PERSISTE EL RECLAMO DE LAS COMUNIDADES DE ABRALAITE CONTRA LAS MINERAS

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En noviembre de 2014 abogados de las comunidades originarias del Ayllu de Abralaite presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo  de Jujuy una medida cautelar solicitando el cese de toda actividad minera en territorios originarios y la definitiva suspensión de los pedimentos requeridos por diferentes empresas cuya actividad, según se afirma, afectaría recursos naturales como el agua. A pesar del tiempo transcurrido y los requerimientos de las comunidades hasta la fecha no se registra avance alguno en el trámite judicial y por el contrario, según afirman los abogados de los originarios, continúan las tareas de exploración en la zona.

Silvana Morel, asesora legal del Ayllu Abralaite, recordó que la medida cautelar presentada en 2014 tiene el objetivo de que cesen los diferentes pedimentos mineros metalíferos de las empresas en las zonas de periglaciares de las Serranías de El Aguilar. Alertó que de todas las empresas que tienen pedidos en la zona Minera Aguilar es la que más avances registra dado que ya tiene proyectos de explotación en el lado oriental de las serranías y procura avanzar sobre el lado occidental donde se encuentran los principales picos nevados que proveen agua a las comunidades de la zona.

Acotó que más allá del planteo legal la justicia no avanzó en el dictado de la cautelar por lo que continúa el litigio. No obstante, sostuvo que al momento de la presentación se emitió una resolución en la que se reconoció la existencia de “impedimentos insalvables” con lo cual se reconoció la existencia de zona periglaciares  lo que motivó la paralización de dos proyectos mineros. Dijo además que “a pesar de ello, y a pesar de que se ha protegido el área, las comunidades de Río Grande, Sancana, Abralaite y Agua de Castilla padecen exploraciones mineras en sus propios territorios tanto en la zona de serranías como en el sector de los salares y en Laguna de Guayatayoc por lo que están totalmente rodeadas de proyectos mineros”.

Aclaró además que hasta el momento la actividad que llevan adelante las empresas mineras no afecta la salud de los pobladores de esas comunidades. Sin embargo se ratificó que las medidas judiciales tienen un carácter preventivo dado que de iniciarse la explotación minera si se verían afectados los recursos naturales. A modo de ejemplo, citó el caso de Minera El Aguilar cuya actividad registra un impacto ambiental negativo para las comunidades del lado oriental de las serranías.

“Actuamos en base al principio preventivo y precautorio en materia ambiental para que no se pueda explotar  la zona que está denunciada con estrés hídrico y además porque la gente está denunciando la sequía y escases de agua y por eso solicitamos la medida cautelar, y solicitamos estudios en la zona pero hasta ahora solo se tiene en cuenta en estudio que realizó Minera el Aguilar pero es evidente que no se puede aceptar ese estudio porque ellos dicen que no están contaminando ni afectan los recursos”, argumentó Morel.

Finalmente recordó que la cautelar plantea además el respeto y cumplimiento de la Ley Nacional 26.639, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. Esta ley tiene como objetivo proteger al ambiente glaciar por ser reserva de recursos hídricos; por lo tanto, prohíbe la actividad minera en estos ambientes. Asimismo, también se exige que se cumpla la ley provincial de protección de glaciares y la ley nacional de protección ambiental para la actividad minera.

 

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