VENDEDORES AMBULANTES INSISTEN CON LA ILEGALIDAD DE LOS DECOMISOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

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Héctor Huespe, abogado de un grupo de vendedores ambulantes de la capital jujeña aseguró que los decomisos de mercaderías en la vía pública y el cobro de cánones definidos por el municipio capitalino desde el año 2016 son ilegales puesto que la ordenanza que dispone la regulación de esa actividad no era de era de dominio público ni estaba incluida en el Boletín oficial de la provincia hasta marzo del corriente año. Reiteró que a partir de los decomisos y los elevados montos que requirió la comuna para expedir permisos para la venta en la vía pública los vendedores promovieron más de 70 denuncias penales contra funcionarios.

El abogado reseñó que en el marco de las audiencias dispuestas a partir del amparo colectivo presentado por un grupo de vendedores de la vía pública en el Tribunal Contencioso Administrativo, la municipalidad presentó finalmente copia de las notas remitidas en marzo último al estado provincial a través de las cuales se solicita la inclusión y publicación de la ordenanza 6884 del año 2016 en el Boletín Oficial. Precisó que dicha norma es la que en teoría debía regular la actividad de venta pública en la capital jujeña.

“Con esto la municipalidad viene a reconocer básicamente que esta ordenanza no se encontraba publicada y por lo tanto no era de conocimiento de la ciudadanía”, remarcó, para luego acotar que en el texto de la ordenanza y su reglamentación no se hace mención de las potestades otorgadas a los inspectores de la municipalidad. Con ello afirmó que más allá de los alcances de la norma el personal municipal no estaba facultado a realizar los decomisos de mercaderías que vienen implementándose desde el 2016.

Por el contrario, dijo, “la ordenanza restringe la actividad del personal a la fiscalización y por lo tanto queda acreditado que todos los decomisos se realizaron en el marco de un abuso de autoridad de los funcionarios municipales y que todo lo que han intentado cobrar y lo que han cobrado indebidamente en cuanto a los exorbitantes cánones también se hizo de manera ilegal constituyendo el delito de exacciones ilegales”.

Reseñó a la vez que independientemente del trámite legal iniciado en el Contencioso Administrativo, los vendedores ambulantes que se vieron damnificados por los procedimientos de inspectores de la comuna promovieron hasta el momento 79 denuncias penales contra los principales funcionarios de la municipalidad. Respecto de estas denuncias que recayeron en la fiscalía a cargo de Algo Lozano, el abogado alertó que no se registra avance alguno por lo que consideró que existe un contexto de presión hacia el poder judicial para entorpecer una investigación sobre la ilegalidad de los procedimientos.

“Este fiscal no ha iniciado la investigación penal preparatoria a pesar de que nosotros hemos presentado toda la prueba respaldatoria particularmente la confirmación de que la ordenanza 6884 no estaba publicada en el boletín oficial de la provincia mientras que el boletín oficial de la municipalidad no se encontraba vigente por lo que ninguno de los jujeños teníamos conocimiento del mismo”.

Finalmente sostuvo que en procura de evitar un contexto de inseguridad jurídica en la provincia se espera el rápido accionar de la justicia frente a una situación que refleja una seria irregularidad en cuanto a la publicación de los actos de gobierno y las medidas que define hacia la comunidad.

 

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